La Policía Nacional como integrante de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, somos los encargados de velar por el cumplimiento íntegro de la Constitución, así como de vigilar que todos los ciudadanos de este País puedan disfrutar de los derechos y libertades que tanto ha costado conseguir, estando perfectamente legitimados para actuar en consecuencia.
Con motivo del próximo Consejo de Ministros que se celebrará mañana día 21 de diciembre en Barcelona, se está llevando a cabo un gran despliegue de efectivos de la Policía Nacional, y teniendo en cuenta que la competencia en materia de seguridad ciudadana corresponde a los Mossos D’Escuadra, que cuentan con más de 17000 agentes, resulta sorprendente la cifra de agentes de las FFCCSE desplazados a Cataluña. Si la Policía Nacional tiene que volver a intervenir para restablecer la seguridad ciudadana y mantener el orden, algo está fallando. O los mandos de los Mossos dejan de ser políticos a sueldo y asumen su responsabilidad de restablecer la seguridad para los ciudadanos, o el Gobierno de España deberá adoptar medidas contundentes al respecto.
Los sindicatos representativos estaremos pendientes de que no se use a nuestros policías con fines políticos, cuando nos veamos obligados a desempeñar una labor que corresponde a los Mossos, mientras ellos permanecen impasibles, sin intervenir, preservando su imagen en detrimento de la que proyectará nuestro colectivo como ya ha ocurrido en anteriores ocasiones.
No vamos a tolerar que por una decisión del Gobierno que se inició como un gesto de acercamiento a la sociedad catalana, ahora se deba arbitrar una solución apresurada para garantizar la seguridad del evento, obligando a los integrantes del dispositivo a soportar unas condiciones de alojamiento que no sean dignas, algo que agravaría más si cabe las condiciones de trabajo que estos compañeros deberán soportar en esta delicada misión, percibiendo unas dietas ridículas y obsoletas.
Mediante el presente comunicado, las organizaciones sindicales firmantes anunciamos que ponemos a nuestros respectivos gabinetes jurídicos a disposición de los compañeros que lo precisen, para dar traslado a la Abogacía y a la Fiscalía General del Estado, de cualquier tipo de coacción, lesión, amenaza, delito de odio o declaración irresponsable que pudieran ser constitutivo de un delito, personándonos los sindicatos como acusación particular.
Madrid a 20 de diciembre de 2018.
