La legalidad constitucional se ha preservado en Cataluña gracias a la impecable intervención de Policía Nacional. Ese, y no otro, es el balance que las organizaciones sindicales representativas de este Cuerpo queremos realizar, tras las primeras horas en las que hemos intervenido, en auxilio de la autoridad judicial, para incautarnos de los elementos empleados en un amago de referéndum que, además de ilegal, ha sido utilizado por el nacionalismo catalán para tensar a la sociedad y engañarla.
El trabajo de las Unidades de Intervención Policial (UIP), Unidades de Prevención y Reacción (UPR), Brigadas de Información y Policía Judicial y Servicio de Medios Aéreos, entre otros, se ha desarrollado con estricto apego a las disposiciones del TSJ de Cataluña, como criterio superior, y a los principios básicos de actuación, especialmente al de proporcionalidad.
Para todos estos compañeros, y especialmente para los 9 que han resultado heridos a la hora de redactarse esta Circular, nuestro apoyo, respaldo, reconocimiento y cerrada defensa. España está orgullosa de vuestra tarea, en defensa de los principios básicos de convivencia, de la Constitución y de la legalidad. Hoy, más que nunca, los policías nacionales y los guardias civiles -para quienes, como compañeros, queremos tener un gesto de reconocimiento por su trabajo en estas horas- han vuelto a ser el escudo y baluarte frente a quienes desean destrozar el marco legal con la única excusa de que no se ajusta a sus planes secesionistas.
A los que no respetan la Ley porque no les gusta, a quienes creen que hay atajos para sortear la legalidad, a quienes quieren imponer un proyecto político al margen de las normas pactadas entre todos, a los ideólogos de salón de esta estrategia alocada, les queremos transmitir nuestra convicción inquebrantable de que no van a conseguir lo que pretenden. La fuerza del Derecho se impondrá a la sinrazón. La tensión social a la que están sometiendo a los catalanes exige dimisiones y responsabilidades penales.
En cuanto a los mossos, lo ocurrido hoy ha sido escandaloso. No sólo han evitado cumplir lo ordenado por el TSJ de Cataluña sino que han actuado con vergonzosa ligereza, cuando no obstruccionismo, e incluso manipulando datos sobre centros de votación. La decepción y la indignación son los sentimientos generalizados entre los policías nacionales. El dispositivo diseñado por la Jefatura de ese Cuerpo ha sido insuficiente, deliberadamente endeble, bochornosamente equidistante. Las órdenes emitidas han sido impropias de un Cuerpo de seguridad. La política ha calado en la estructura de mando de los Mossos hasta contaminar su actuación en un día como hoy. Frente a lo que ellos creen, no se han conducido como policías sino como una extensión vergonzosa de los partidos nacionalistas.
Por todo ello, las organizaciones sindicales firmantes de esta Circular anunciamos que nos sumamos a las actuaciones que la Fiscalía Superior de Cataluña vaya a emprender contra los Mossos y su máximo responsable, José Luis Trapero, y, en consecuencia, vamos a ejercer acciones legales para exigir la asunción de responsabilidades penales de este alto mando, de su equipo directivo y de cuantos mossos han aparecido hoy en imágenes dificultando el trabajo de Policía Nacional y Guardia Civil o actuando con clarísima falta de apego a las órdenes judiciales.
La impunidad no puede abrirse paso en un Cuerpo, como el de los Mossos, que contaba con todo nuestro respeto. Un gran número de policías autonómicos son profesionales y honrados. Pero la actuación de hoy abre un intenso debate sobre su papel en el modelo de seguridad pública de nuestro país, su carácter de Policía integral, la fiabilidad de sus actuaciones y, lo que es peor, el nivel de compromiso de su estructura de mando con el sectarismo político de los independentistas. Aquí no hay medias tintas: o se está del lado de la Ley o se está en el delito.
Como ya anunciamos esta semana en la rueda de prensa ofrecida en Barcelona, los sindicatos representativos de Policía Nacional hemos mantenido operativas nuestras estructuras de atención a afiliados y ponemos a disposición de ellos todas nuestras capacidades jurídicas.
De cara al futuro, en cualquier caso, hacemos un llamamiento para que los políticos catalanes respeten la legalidad. A las asociaciones y colectivos que con tanta frecuencia animan a determinada parte de la ciudadanía a obstaculizar u oponerse al trabajo policial, les queremos lanzar un claro mensaje: lanzar a los demás a la comisión de delitos también es un delito y eso no puede ampararse en la impunidad.
Madrid, 1 de octubre de 2017
