El trabajo que desarrolla la consultora que analiza las cifras de la equiparación salarial acordadas en marzo de 2018 entre sindicatos y asociaciones profesionales de PN y GC y el Ministerio del Interior avanza a buen ritmo. Pero lo hace de espaldas a nosotros y vulnerando los pliegos oficiales de contratación a los que debe someterse, por culpa de la Secretaría de Estado de Seguridad y el oscurantismo que está imponiendo para que no accedamos a los documentos elaborados desde el inicio de sus estudios. Sólo así puede entenderse que hoy hayamos mantenido una reunión oficial y que la número dos del departamento, Ana Botella, y su Director de Gabinete, Pau López, se nieguen a cumplir los compromisos contractuales que ellos mismos plasmaron en los pliegos oficiales de contratación.

Hoy podemos avanzar que el trabajo de la consultora está descubriendo que Interior deberá destinar más presupuestos para alcanzar la equiparación salarial; por eso exigimos en su día, ante la negativa a dedicar más dinero, la existencia de este mecanismo de garantía que confirmase nuestros cálculos en aquellas negociaciones. Nos consta que desde el Gabinete político de la Secretaria de Estado se han dado indicaciones a la consultora para desarrollar su trabajo con máxima reserva por las consecuencias políticas y presupuestarias que esa desviación al alza podría tener. No nos extraña esta opacidad, puesto que aún estamos esperando que Ana Botella nos convoque para poder enmendar la Instrucción que firmó para interpretar la aplicación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, habiéndola elaborado de espaldas a nuestro Cuerpo y a los sindicatos.

Pero que esta forma de hacer las cosas, de espaldas a los representantes de los policías nacionales, se extienda a la equiparación salarial ya es mucho más grave. No podemos ser convocados para que se nos cuente que la primera y segunda fase del estudio (que no se entregan y que analizan las retribuciones y los cometidos) están acabadas y que la tercera está en marcha. Es poco, es insuficiente, es genérico, es una falta de respeto.

El pliego de adjudicación de este trabajo -a ver si se enteran la Secretaria de Estado y su Director de Gabinete- literalmente señala que “en el desarrollo de los trabajos deberá contemplarse la participación de técnicos representantes de (…) sindicatos y asociaciones profesionales suscriptores del Acuerdo de 12 de marzo de 2018” mediante “reuniones periódicas informativas” (frecuencia mínima trimestral) de las que se levantará acta. Es más, se permite a sindicatos y asociaciones “realizar las observaciones y consideraciones que estimen oportunas que serán objeto de análisis y evaluación por parte de la empresa adjudicataria”.

Desde aquí hacemos un llamamiento al ministro Grande-Marlaska: ponga orden en la Secretaría de Estado de Seguridad y cumpla usted los compromisos legales que asumió el Ministerio para que el trabajo de la consultora sea transparente. Y hágalo antes de que tengamos que recurrir a otras instancias, las judiciales, para poner luz y taquígrafos sobre un trabajo que exigimos sea participativo. Si no lo hace en un plazo inmediato, acudiremos a la Justicia para reclamarlo y, en su caso, pedir responsabilidades por vulneración de los pliegos de contratación.

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