Reunión con el Senador Ignacio Cosidó sobre el recurso de inconstitucionalidad a la ley de “abusos policiales” presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El SPP está pendiente de la resolución de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Estimados compañeros, en la tarde de ayer fuimos convocados por el Senador Ignacio Cosidó, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado junto con el resto de Asociaciones y organizaciones sindicales y representativas de la Guardia Civil y de la Policía, respectivamente, además de Jusapol y Jucil.

Además del Senador Cosidó participaron, los también Senadores, David Erguido, Clara San Damián y Salomé Pradas.

El motivo del encuentro fue la presentación, por parte del Grupo Popular en el Senado de un recurso de inconstitucionalidad a la ley 5/2019, que modifica la 12/2016 de    reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País  Vasco    entre 1978 y 1999.

A excepción del artículo 5, que no se recurre porque suprime una disposición adicional de la ley de 2016, se recurre el resto del articulado de la norma en cuestión y se nos    facilita una copia del recurso.

Lamentamos que no se hubiera hecho lo mismo con la norma de 2016, pero agradecimos el gesto y mostramos nuestro apoyo a esta iniciativa.

Se facilitó toda la colaboración posible entre las organizaciones y el G.P. en el Senado para que, cada uno desde su legitimación jurídica para emprender acciones judiciales, compartiera las informaciones y acciones emprendidas para buscar una mayor eficacia coordinando las fuerzas desde varios frentes.

Nos emplazamos a futuros contactos sobre este tema pero no quisimos dejar la reunión sin hacer un esbozo de otros problemas acuciantes para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Concretamente recordamos que, en algunas zonas de nuestro país se está ejerciendo una presión sin precedentes en contra de nuestro colectivo para que la ‘marca España’, que supone nuestra presencia en determinados territorios (Cataluña, Baleares, etc.), desaparezca en favor de otros intereses políticos que, a la postre, solo perjudican al ciudadano y al país en su conjunto.

Por último, recordamos que el SPP está pendiente de la resolución de un recurso de Casación ante el Tribunal Supremo.

El origen del mismo estriba en el recurso que se presentó, a través de nuestro despacho de abogados de María Ponte, contra la Resolución de 12 de junio de 2018, del Secretario General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, por la que se hace pública la identidad de las personas que componen la Comisión de Valoración creada por la Ley vasca 12/2016.

Del resultado de las mismas os iremos informando.

Madrid, a 16 de julio de 2019

Comité Ejecutivo Nacional

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