Como representantes de la práctica totalidad de los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las once organizaciones representativas de Policía Nacional (cinco sindicatos) y de la Guardia Civil (seis asociaciones profesionales) venimos trabajando desde hace años por la equiparación de las retribuciones que percibimos con las de otros Cuerpos autonómicos y/o locales de nuestro país. Este objetivo y nuestra apuesta por esa dignificación salarial se vieron afectados en 2010 con la expresión más brutal de la crisis económica que sufrió España, en forma de recortes salariales en la función pública; pese a contar con nuestro más rotundo rechazo y protesta en las calles y aunque el escenario de partida en nuestros Cuerpos era de mayor precariedad que en otros colectivos funcionariales, hemos esperado a que la superación de la crisis permitiera mayor disponibilidad presupuestaria. Ese momento ha llegado.
Tal y como le hemos manifestado en diferentes reuniones, el trabajo de los guardias civiles y policías nacionales es esencial, por mandato constitucional, para la protección de vidas y bienes, para garantizar la tranquilidad pública, proteger la seguridad ciudadana, auxiliar a quienes más lo necesitan y combatir con eficacia contra desafiadores poderosos como el terrorismo, el crimen organizado, la trata de seres humanos o las nuevas formas de criminalidad. Si España es un país seguro, de los más seguros de Europa, es gracias a nuestro trabajo.
Pero, además, si en pleno pulso secesionista al Estado de Derecho hay algún instrumento eficaz, de vanguardia y plenamente sometido a las directrices de órganos judiciales y fiscales para proteger nuestra convivencia constitucional en Cataluña es, precisamente, el que conforman tanto Policía Nacional como Guardia Civil. Es nuestra obligación y supone un honor hacerlo, pero no debemos hurtar del debate público la importancia de nuestra actuación en este escenario.
Tanto en un plano más general como en términos más concretos, todos le hemos trasladado que es el momento de ir más allá de las palabras y demostrar a este colectivo de más de 140.000 funcionarios que el Gobierno reconoce ese trabajo con una equiparación salarial que dignifique nuestra labor y permita que los mejores profesionales de la seguridad pública de Europa perciban un salario digno, coherente con sus cometidos y resultados, que restablezca lo perdido y alcance los niveles retributivos de otros Cuerpos.
Habiendo esperado un tiempo prudencial para que los técnicos de su Ministerio puedan analizar nuestras propuestas y su coste, creemos que es momento de mantener un encuentro conjunto, a celebrar el próximo 23 ó 24 de octubre, en el que podamos conocer, de una vez por todas, hasta dónde está dispuesto a llegar este Gobierno en el esfuerzo por reconocer el trabajo de los guardias civiles y policías nacionales.
Creemos que los trabajos acometidos en su departamento ya han podido avanzar todo lo necesario para el cálculo de costes de una medida así y, de otra parte, también ha transcurrido el tiempo necesario para que usted haya podido trasladar al Presidente del Gobierno la importancia de abordar un reto de esta naturaleza. Si nuestros cometidos son constitucionales, si las limitaciones de derechos profesionales que tenemos obedecen a la singularidad de un colectivo funcionarial distinto a cualquier otro, también debe ser específica la apuesta presupuestaria de este Gobierno, del partido político que lo sustenta y del resto de formaciones del arco parlamentario.
Esperando su pronta respuesta, reciba un cordial saludo.
