Hoy se vota en el Pleno del Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa popular (ILP) que supone la aceptación del acuerdo de equiparación por todo el mundo: de una parte, va a obligar a los partidos políticos a retratarse sobre su grado de compromiso con la cláusula octava del acuerdo de equiparación salarial de marzo de 2018, que ampara precisamente la aprobación de una Ley de Retribuciones que impida en el futuro la existencia de desigualdades salariales de PN y GC con otros Cuerpos; por otra, abre la puerta a que todos podamos aportar y que esa norma incluya todos los avances salariales que, quizás por prisas, no se incluyen en el borrador que se vota hoy.
Como recordarán hoy los portavoces parlamentarios de los dos partidos mayoritarios: votar a favor de esta ILP supone el reconocimiento del acuerdo que firmamos en su día, como ya se ha asumido en sede parlamentaria durante su exposición en Comisión por los autores de la misma. Y hacerlo en una dirección que suponga cerrar la puerta a que los cálculos políticos de unos y otros con los partidos nacionalistas permitan que los sueldos de los profesionales de la seguridad pública que dependen del Estado, los que más y mejor trabajan, acaben siendo inferiores que los de quienes responden ante otras Administraciones.
La tramitación parlamentaria de cualquier iniciativa para cumplir el acuerdo, tiene que ser un espacio abierto a que podamos incluir mejoras en el texto final. Por ese motivo, los sindicatos policiales representativos de esta unidad de acción hemos mantenido en las últimas semanas reuniones monográficas con los grupos parlamentarios mayoritarios tanto en Congreso de los Diputados como en el Senado, de cara a conseguir el apoyo de la cláusula 8ª del acuerdo, los 100 millones para el reingreso en el servicio activo, la reclasificación de la Escala Básica al Grupo B y la activación de las medidas legislativas para consolidar el acuerdo en los próximos ejercicios.
La equiparación salarial ya ha comenzado a ejecutarse en las cifras previstas para 2018 (entorno a 202 Euros brutos mensuales de media). La consultora -mecanismo objetivo y externo impuesto por sindicatos y asociaciones en la negociación con Interior- ya trabaja a buen ritmo en la revisión de todos los datos del ministerio para detectar si hace falta más presupuesto y, en ese caso, asignarlo. El Gobierno, con o sin Presupuestos Generales del Estado, tendrá que destinar la partida correspondiente a 2019 en el primer tramo del año. Y ahora es el momento de reclamar el cumplimiento de la cláusula octava del acuerdo de marzo de este año y que se inicien los trabajos para elaborar y aprobar una Ley de Retribuciones para Policía Nacional y Guardia Civil, en la que se recoja estas reivindicaciones históricas.
Hacemos un llamamiento a la responsabilidad de los partidos políticos, para el impulso de esa Ley mediante el desarrollo de ese punto octavo del acuerdo, o bien en una nueva redacción en el tramite parlamentario. El objetivo final es conseguir que la profesión más valorada sea también la más protegida en derechos económicos de quienes formamos parte de ella.
Madrid, 13 de Noviembre de 2018
