Fue ayer, en el Pleno del Senado. El Partido Popular (PP), que nos había invitado a asistir a la sesión parlamentaria, interpelaba al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre los motivos por los que había evitado contar con policías nacionales y guardias civiles para elaborar una Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad que desactiva unilateralmente la aplicación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Y en su segunda respuesta llegó la sorpresa: no se reúne con nosotros porque no se lo hemos pedido. Pues resulta que llevamos esperando, desde el 23 de octubre, a que responda a una petición urgente de reunión para trasladarle el malestar de muchos compañeros/as por ese polémico documento.
Como ya dijimos en su día, el responsable/s de elaborar la Instrucción 13/2018 cometió un error muy grave: marginar no sólo a los legítimos representantes de policías nacionales y guardias civiles en su redacción, pese a afectar directamente a las garantías legales de protección del trabajo en la calle de los agentes, sino hacerlo también con ambos Cuerpos, que no fueron consultados para aportar su visión a una decisión tan relevante y que afecta de lleno al trabajo de Policía Nacional y Guardia Civil. Fue un error grave, doble, consciente y que ha generado mucha desconfianza sobre las verdaderas intenciones de un documento que se permite el lujo de interpretar una Ley Orgánica -se ve que han decidido también invadir esa competencia del Tribunal Constitucional- en un sentido restrictivo, limitador de la seguridad jurídica de los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y que, pese a lo que dijo ayer el ministro, supone un desprecio hacia nuestro trabajo. Sólo así se entiende que la Secretaría de Estado de Seguridad decidiera redactar y aprobar la Instrucción a escondidas, sin consenso, y que lo hiciera con pleno conocimiento de las consecuencias que tendría.
El ministro Grande-Marlaska dijo algo más en su intervención de ayer: que su obligación es contar con nosotros (no lo ha hecho, pero tampoco con nuestros Cuerpos) y garantizar el libre ejercicio de las libertades y derechos constitucionales. Esto último lo hacemos, precisamente, nosotros, tal y como recuerda la Carta Magna. Y si lo que pretende Interior es poner en una balanza ambas prioridades, que no son incompatibles, ya está desequilibrando la parte que nos afecta a los policías nacionales, que es la de la protección frente a amenazas, coacciones, señalamientos y campañas para tratar de condicionar nuestro trabajo.
Rectifique, señor ministro. Convóquenos a una reunión cuanto antes. Escuche nuestra opinión sobre un asunto tan importante. Imparta las instrucciones necesarias para que su equipo deje de elaborar documentos normativos tan relevantes de manera casi clandestina y sin contar con la voz de los profesionales. Y demuestre, con hechos, que esa preocupación que dice tener por nuestra seguridad jurídica es real.
Madrid, 7 de Noviembre de 2018
