La unidad de acción de las organizaciones sindicales representativas de Policía Nacional ha mantenido una reunión con el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y ex Director General del Cuerpo, Ignacio Cosidó, en la que hemos abordado materias de actualidad que tienen que ver con los derechos profesionales de los compañeros y el apoyo de su formación política a la agenda de temas prioritarios para estos meses, sobre todo de cara al inicio del curso político, en septiembre. Al encuentro han asistido también las asociaciones profesionales de Guardia Civil, puesto que en varios de los puntos debatidos compartimos con ellas objetivos y esfuerzos.
En primer lugar, y en lo relativo a la ejecución del acuerdo de equiparación salarial suscrito en marzo con el Gobierno del PP y que ahora se encuentra en su fase de aprobación por la CECIR para la inyección del dinero de 2018 (el correspondiente al periodo transcurrido desde el 1 de enero y el del nuevo sueldo resultante), Ignacio Cosidó ha elogiado el ejercicio de responsabilidad y rigor de sindicatos y asociaciones, alejados de la demagogia, que supuso la firma de lo que, sin duda, es el mayor impulso de las nóminas de un funcionario desde hace décadas.
Cosidó ha comprometido la labor parlamentaria del PP en varios frentes de la equiparación salarial: presión al Gobierno para la ejecución urgente del desembolso del dinero de 2018 y, como paso necesario, la reunión de la CECIR; apoyar una productividad por objetivos (DPO) sólida y reforzada, como la que en su día aplicó la DGP tras sucesivas inyecciones económicas extraordinarias; adelantar la ejecución del pago de la parte de la equiparación salarial de 2019 a los primeros meses del año (si es enero, mejor); y estar atentos a la conclusión de la auditoría externa e imparcial que se está desarrollando en este semestre y que, caso de detectar que aún falta más dinero para la equiparación, lo pondrá sobre la mesa con transparencia y el Ministerio deberá asumirlo. En cualquier caso, el PP presentará a primeros de septiembre una moción parlamentaria para presionar al Gobierno y que cumpla sus compromisos con agilidad y con pleno respeto al resultado de la auditoría.
Otro espacio con relevancia propia en esta reunión ha sido la cerrada defensa del trabajo de Policía Nacional que el PP va a realizar al detectar, de acuerdo con nosotros, algunos riesgos que el actual Gobierno puede estar dispuesto a asumir por la necesidad de la aritmética parlamentaria. El caso más sangrante es el de la Ley vasca 12/2016, de reconocimiento y reparación de lo que coloquialmente se ha denominado “las víctimas de abusos policiales”, que no va a encontrar el recurso judicial ante el Tribunal Constitucional porque el actual Gobierno central, según supimos en julio, va a retirar el que ya se había interpuesto. Sindicatos y asociaciones profesionales ya estamos trabajando en unidad de acción en este tema, coordinados con nuestros responsables en País Vasco, y vamos a recurrir a todas las opciones para frenar una norma que jamás debería haber visto la luz porque insulta y ofende a miles de profesionales de la seguridad pública y a todas las víctimas del terrorismo etarra.
Además de estos temas, hemos abordado la situación que viven los compañeros destinados en Cataluña e Islas Baleares, con un desafío secesionista que exige ir más allá del imprescindible apoyo a las Fuerzas de Seguridad del Estado y abordar materias de reconocimiento económico a la especial peligrosidad y/o penosidad que se vive allí. El PP se compromete a encauzar nuestras peticiones vía moción parlamentaria y está de acuerdo en que es necesario revisar la territorialidad, no sólo la que se percibe en esas dos Comunidades Autónomas sino la del resto de plantillas, en donde factores como la carestía de vida han cambiado mucho en pocos años, siempre al alza.
También hemos hablado, como no podía ser de otra forma, de lo que está sucediendo en el Campo de Gibraltar (Cádiz) con la criminalidad organizada y la llegada masiva de inmigrantes en pateras (fenómeno este común a otras plantillas). Medios materiales, suficientes recursos humanos y dinero para retribuir a los compañeros. Esas han sido nuestras peticiones, de las que el PP toma buena nota para hacerlas suyas.
Si preocupante es lo que ocurre en esa comarca gaditana, no menos lo son las avalanchas de inmigrantes en Ceuta y Melilla y los medios violentos que usan contra los compañeros. Hemos reclamado el cambio de los actuales protocolos, para garantizar la seguridad de policías nacionales y guardias civiles, refuerzos de personal, aumento de las plantillas, fondos para pagar el trabajo de los compañeros y, sobre todo, cerrada defensa de su labor en ambas ciudades autónomas. El PP se compromete a llevar ese apoyo que le hemos reclamado a todos los foros en donde tenga presencia, recordando el senador Cosidó sus visitas a la zona de las últimas semanas como paso imprescindible para conocer de primera mano una realidad que no se puede valorar del todo desde la distancia política de Madrid.
Finalmente, y no menos importante, hemos explicado al portavoz parlamentario del PP nuestro proyecto, defendido desde hace años y plasmado en Circulares conjuntas e incluso en programas electorales, de reclasificación del grupo de clasificación funcionarial de los compañeros Policías y Oficiales de Policía, pasando del Subgrupo C1 al Grupo B. Esa mejora, que requiere un cambio normativo (en la Ley Orgánica 9/2015, que no contempla esa opción en este momento) y otro formativo (la carga lectiva de formación en la Escuela Nacional de Policía debe potenciarse, para alcanzar la equivalencia académica del título de Técnico Superior, necesario para integrarse en el Grupo B) es una prioridad en el corto y medio plazo y es una apuesta compartida y conjunta de SUP, CEP, UFP y SPP que nadie va a descubrirnos ahora, porque la llevamos defendiendo desde hace mucho tiempo. Bienvenidos a aquellos que ahora se suman a este reto.
Madrid, 29 de Agosto de 2018
