- Firmantes del comunicado: Sindicato Unificado de Policía (SUP), Unión Federal de Policía (UFP), Confederación española de policía (CEP), Sindicato Profesional de Policía (SPP), Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Asociación Independiente de la Guardia Civil (ASIGC)
- Exigen al ministro Grande-Marlaska que, en su condición de juez, no sea cómplice de un ataque al Estado Derecho retirando el recurso de inconstitucionalidad contra la ley vasca de abusos policiales
- Advierten de que el Gobierno Vasco quiere construir un falso conflicto a su medida que diluya las responsabilidades criminales de ETA
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Unión Federal de Policía (UFP), la Confederación española de policía (CEP), el Sindicato Profesional de Policía (SPP), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la la Asociación Independiente de la Guardia Civil (ASIGC) alertan de la gravedad de la retirada del recurso de inconstitucionalidad planteado hace un año por el Gobierno del PP contra la ley vasca de víctimas de abusos policiales. “Implicaría dejar en manos del Gobierno Vasco una cuestión jurídica que corresponde al Tribunal Constitucional”, aseguran. Asimismo, muestran preocupación por la puesta en marcha de la comisión de valoración de los abusos policiales sin que se haya retirado todavía el recurso de inconstitucionalidad de esta ley, tal y como publica hoy el diario El Mundo.
El Colectivo y los sindicatos y asociaciones policiales exigen al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que impida la retirada de este recurso: “En su condición de juez, el ministro es consciente de que dejar fuera del control del Tribunal Constitucional las leyes promulgadas por el Parlamento Vasco es un ataque severo al Estado de Derecho; todas las leyes de este país deben estar sometidas al control del Tribunal Constitucional, incluidas las que promulguen los parlamentos autonómicos”. Alegan que ley vasca de abusos policiales está recurrida porque parte de su articulado contraviene gravemente la Carta Magna, por lo que el Tribunal Constitucional debe pronunciarse al respecto.
COVITE y los firmantes del comunicado denuncian que la intención del Gobierno Vasco con la retirada del recurso de inconstitucionalidad contra la ley vasca de víctimas de abusos policiales es “que el Estado de Derecho no controle su potestad normativa que, en este caso, es decidir quién es víctima de abusos policiales y quién no lo es; constituir un tribunal administrativo fuera de la ley para dar un reconocimiento oficial a supuestas víctimas de abusos policiales”. De esta manera, el Gobierno Vasco tendría el empaque legal necesario para “perpetuar una falsa teoría de un conflicto entre dos partes en torno a lo que ha sucedido en el País Vasco en los últimos cincuenta años”.
Recuerdan que la metodología del Gobierno Vasco para dilucidar quién es víctima de abuso policial y quién no lo es quedó totalmente desacreditada cuando la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco sacó a la luz en diciembre del año pasado su informe sobre torturas, elaborado por el Instituto Vasco de Criminología, en el que se cifraban en 4.113 los casos de tortura ejercidos desde 1960 hasta 2014. Los 4.113 casos analizados en el informe eran de denuncias de torturas, y de todas estas denuncias, solo 202 habían sido investigadas. El informe se basa en denuncias y en declaraciones de los supuestamente torturados, y en muchos casos incluso se acudió a la hemeroteca sin siquiera tener la declaración de los propios interesados. Por tanto, no se basa en hechos probados y contrastados. “Dar por acreditada la perpetración de un delito tan grave como la tortura por parte de funcionarios policiales al margen de una investigación rigurosa, contrastada e imparcial es muy grave”, aseguran.
COVITE y los sindicatos y asociaciones policiales reconocen la tortura como un crimen deleznable que merece que los Gobiernos pongan sus esfuerzos en impedir. El hecho de que el Colectivo subraye que la historia del País Vasco se caracteriza por la historia del terrorismo de ETA no significa que quiera ocultar los abusos de poder del Estado ni posibles delitos cometidos en el marco de ese abuso de poder. “Sin embargo, en el caso del Gobierno vasco, existen otros intereses detrás de sus actuaciones”, afirman. “Cada uno de los pasos que el Ejecutivo vasco ha dado en los últimos años en materia de política de memoria pública se ha dirigido a reforzar un relato falseado del pasado en el que se blanquea la actividad terrorista de ETA”. En esa estrategia, el Gobierno Vasco necesita argumentos y está dispuesto a obtenerlos “retorciendo la realidad para ajustarla a su relato”.
Todos los firmantes de este comunicado exigen que la comisión de vulneraciones de derechos humanos en el marco de la lucha antiterrorista se contextualice e investigue debidamente, pero que, en ningún caso, se deslice “que las Fuerzas de Seguridad hayan actuado como una organización criminal cuyos miembros eran incitados a cometer crímenes”. “Acusar al Estado de practicar vulneraciones de derechos humanos de forma sistemática es asumir la teoría del conflicto”, alegan. Demandan al Gobierno de Sánchez que estudie esta cuestión en profundidad, sea cauto y tenga en cuenta que la banda terrorista ETA obligaba a todos sus integrantes a denunciar torturas de forma sistemática cada vez que eran detenidos, precisamente para legitimar su uso de la violencia.
