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¿DÓNDE ESTÁN LOS BROTES VERDES?
El Presidente del Gobierno ha anunciado esta mañana la puesta en marcha de una serie de medidas de carácter económico para reducir el déficit público del Estado Español que, en estos momentos, se encuentra por encima del 11% del Producto Interior Bruto.
En lo que a quienes somos miembros del Cuerpo Nacional de Policía y, por tanto, funcionarios de carrera de la Administración General del Estado, nos afecta, lo más significativo es la reducción de un 5% de media del salario para este año y la congelación, sobre el salario ya reducido, para el año 2011.
En relación a lo que acaba de exponerse, el Sindicato Profesional de Policía señala:
A) Las medidas anunciadas son el perfecto indicador del fracaso de la política económica del Gobierno de España. Un indicador al que se suma otro más preocupante, cual es que más de cuatro millones y medio de personas que residen en nuestro país se encuentran en situación de desempleo.
B) Para tener una percepción aproximada del fracaso, además de la inevitable reflexión sobre las cifras de personas desempleadas, vale decir que hace sólo tres años, las cuentas del Estado señalaban la existencia de un superávit superior al 2% en relación al P.I.B.
C) ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cómo es posible pasar de un +2% a un -11% en tan poco tiempo, considerando, además, que estos indicadores realmente hacen referencia a miles de millones de euros?. Es seguro que todos vosotros tenéis algunas ideas al respecto, que todos podéis señalar acciones cieretamente desafortunadas en la gestión de la política económica que nos han conducido a esta situación.
D) Siendo absolutamente cierto que la realización de algunas de estas actividades contrarias a cualquier forma de gestión razonable de una economía tan importante como la española nos ha colocado en la situación en la que actualmente estamos, desde el Sindicato Profesional de Policía, queremos manifestar:
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Si debe reducirse el salario de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, debe tenerse bien presente que es aproximadamente un 30% inferior al de los de los funcionarios policiales de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de seguridad pública.
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Si debe reducirse el salario de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, debe tenerse en cuenta que el salario que finalmente percibimos es ligeramente inferior, inferior o muy inferior, al de la práctica totalidad de policías locales de los diferentes municipios españoles.
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Si debe reducirse el salario de los funcionarios públicos, sería absolutamente imprescindible eliminar el de decenas de miles de asesores que pueblan las nóminas de las diferentes administraciones públicas del Estado Español.
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Si debe reducirse el salario de los funcionarios públicos, sería realmente necesario eliminar decenas de ministerios, consejerías y concejalías y cientos de organismos públicos adscritos a las diferentes administraciones públicas, habitados por miles de personas que, sin otro mérito que conocer a quien toma decisiones políticas y ocupa puestos de responsabilidad, suponen un verdadero lujo que, por lo que parece, ahora ya no podemos permitirnos.
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Si debe reducirse el salario de los funcionarios públicos, pensamos que sería ciertamente razonable que se evitase, ahora que aún podemos, el previsible incremento de gasto que pudiere producirse en el Senado cuando deban de contratarse decenas de traductores y técnicos para mantener los sistemas electrónicos de traducción simultánea y elaborar las correspondientes páginas webs en los distintos idiomas oficiales del Estado.
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Si debe reducirse el salario de los funcionarios públicos, posiblemente fuera hora de ir pensando en la elaboración de políticas de Estado, y no en la aplicación de la técnica del regate corto para la satisfacción provisional de las diferentes Comunidades Autónomas en cada momento.
Apreciados compañeros, estas son sólo algunas apreciaciones rápidas sobre la situación que, tras las palabras del Presidente del Gobierno, se presenta. Somos absolutamente conscientes de que los miembros del Cuerpo Nacional de Policía somos funcionarios y, por tanto, tenemos algunas ventajas sobre las personas que prestan su fuerza laboral en régimen de contratación privada. Pero también hemos tenido algunos inconvenientes en las épocas en la que la economía de nuestro país funcionaba en parámetros de estabilidad y bonanza. Y, en cualquier caso, todos hemos accedido a la función pública tras la superación de pruebas objetivas, abiertas y no especialmente fáciles.
Aquí no hay otra posibilidad de acceso que el sacrificio personal, el estudio continuado, el esfuerzo regular y periódicamente dirigido a lograr una de las plazas que cada año se ofertan.
Es por esto que nos consideramos absolutamente legitimados para pedir al Gobierno de España que, si tiene que tomar medidas para la reducción del déficit público y para el saneamiento económico de nuestro país, al que él mismo nos ha abocado, que lo haga de verdad. Que retire los acuerdos políticos con aquellos que declarada y simultáneamente, son enemigos de España y perceptores de salarios elevadísimos a cargo de los presupuestos del país al que odian, que interponga los recursos jurídicos correspondientes para que las Comunidades Autónomas dejen de ejercer competencias que no tienen y que implican decenas de millones de euros en gastos innecesarios y, en fin, que respete de verdad a quienes, de forma profesional y honesta, entienden su vocación de servicio público como la mejor manera de servir los intereses de su nación.
Madrid, 12 de mayo de 2010
EL COMITÉ EJECUTIVO
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