DETENCIÓN EN MALLORCA

En relación a la puesta a disposición judicial, el pasado sábado, de cinco personas implicadas en la operación “Espada”, el Sindicato Profesional de Policía quiere señalar:

1. La detención de una persona como consecuencia de su presunta participación de un delito implica indefectiblemente la privación del derecho a la libertad, no del resto de derechos.En este sentido, tanto el artículo 17 de la Constitución Española, el artículo 5.3 ap. b) de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, establecen claramente lo referido en el párrafo anterior.
2. Tanto el Cuerpo Nacional de Policía como la Guardia Civil realizan cientos de miles de detenciones cada año. Y lo hacen de forma absolutamente legal y con la aplicación específica de la normativa señalada y estricta sujeción a lo establecido en la Instrucción 12/2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad, que establece el protocolo a seguir en estas circunstancias.
3. La conducción de los detenidos desde la Jefatura Superior de Policía de Baleares hasta la sede de los Juzgados de Palma de Mallorca está específicamente atribuida a la Brigada de Seguridad Ciudadana. Es absolutamente necesario que el máximo responsable de la misma establezca rápidamente las circunstancias de ejecución del protocolo de puesta a disposición judicial de las personas detenidas, por si se hubiera incurrido en algún tipo de negligencia profesional.
4. Consecuentemente con lo anterior, el Sindicato Profesional de Policía exige que se realicen las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de estos hechos que, en nuestra opinión, perjudican seriamente la imagen del Cuerpo Nacional de Policía en un momento en el que miles de los hombres y mujeres que lo integran están realizando los máximos esfuerzos personales para la localización y detención de los miembros de la organización criminal ETA que han asesinado a dos jóvenes guardias civiles hace apenas unos días, atemorizado seriamente a todos los residentes en Mallorca e intentado dañar de forma muy importante su industria turística condicionando a peor, de este modo, las expectativas económicas y vitales de miles de familias que se dedican a esta actividad.

Madrid, 11 de agosto de 2009

EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL