Madrid, 11 de diciembre de 2009.- La Confederación Española de Policía (CEP) y el Sindicato Profesional de Policía (SPP), organizaciones que representan los intereses profesionales de la mayoría de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, quieren denunciar públicamente la hipocresía política y la doblez empleada por el Gobierno que, a través de las declaraciones realizadas hoy por su vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, pretende protagonizar un intolerable ejemplo de cómo eludir su responsabilidad, al imputar al Cuerpo Nacional de Policía, y especialmente a un inspector de la plantilla del aeropuerto de Lanzarote, el origen del conflicto internacional generado por la entrada en España de Aminatu Haidar. 

De la Vega, que se suma así al más que cuestionable comportamiento de la Delegada del Gobierno en las Islas Canarias, Carolina Darias, y de la Jefa Superiora del archipiélago, Concepción De Vega, pretende confundir a la sociedad española, hurtando del debate público que fue precisamente su Gobierno el que impidió la salida de España de la activista prosaharaui el mismo día en que llegó a Lanzarote, pudiendo haberlo hecho mediante el mismo procedimiento –la expedición de un salvoconducto- que se intentó emplear hace unos días.

La llegada de Haidar al aeropuerto de la isla canaria, el pasado 14 de noviembre, se produjo sobre las 12:30 horas. El Gobierno, conocedor del conflicto que se cernía sobre este caso, pudo haber permitido el regreso de la activista prosaharaui a territorio marroquí, en un vuelo que salía aquella misma tarde. Esta posibilidad, en cambio, fue abortada por indicación de la responsable policial de Canarias, aludiendo a impedimentos de tipo legal, posteriormente sorteados mediante un salvoconducto. En definitiva, fue el propio Ejecutivo quien evitó, por activa o pasiva, una rápida solución al caso durante las primeras horas, teniendo en cuenta que la propia Haidu, en declaraciones a los medios de comunicación, confesó que estaba dispuesta a volver a Marruecos.

La abortada salida de España de Aminatu Haidar, el pasado día 4, que requería, para su nuevo acceso a suelo español, de un salvoconducto similar al que le permitió abandonar la terminal del aeropuerto de Lanzarote unos minutos antes, supuso el inicio de toda una serie de presiones políticas sobre la Policía que han alcanzado una virulencia y temeridad difícilmente superables.

Ha sido el Gobierno el que ha impedido el regreso de Haidar a Marruecos durante la tarde del mismo día en que llegó a nuestro país y fue la Delegada del Gobierno en Canarias la que, en un mal ejemplo de servicio público y apego de su cargo a las mínimas reglas de cortesía, dio inicio a una situación de creciente hostilidad hacia el trabajo del Cuerpo Nacional de Policía, sometido en este caso a criterios única y exclusivamente legales.

Desde la CEP y el SPP hacemos un llamamiento a la Jefa Superiora de Policía en las Islas Canarias, a la Delegada del Gobierno en el archipiélago y, especialmente, al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para que no permitan, por enésima vez, que el trabajo policial se vea manchado por pugnas políticas que no tienen nada que ver con nuestro Cuerpo.